El sistema burocrático de justicia laboral, regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), establece un procedimiento especifico para resolver los conflictos entre las dependencias públicas (patrón) y sus trabajadores mismo que se encuentra previsto de los artículos 125 al 147. Este proceso, llevado a cabo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), se distingue por su sencillez formal y la búsqueda de una resolución rápida y en conciencia.

El sistema jurídico laboral mexicano se divide en dos grandes regímenes basados en el artículo 123 Constitucional: el sector privado (Apartado A), regido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) , y el sector público (Apartado B), regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE). Aunque la rescisión (Apartado A) y la cesación (Apartado B) son análogas en su objetivo —sancionar faltas graves imputables al trabajador—, su procedimiento es fundamentalmente distinto.

​La vasta red de carreteras en México convierte al transporte terrestre en un pilar económico. Los choferes, operadores y demás personal que laboran en este sector se rigen por un régimen laboral especial que aborda la alta movilidad y las particularidades de su actividad. El Capítulo VI del Título Sexto de la LFT define y protege esta relación de trabajo, estableciendo un marco que prioriza la seguridad pública, la remuneración justa y la responsabilidad solidaria entre los propietarios y